Hasta la fecha, los debates sobre la posmemoria o la memoria intergeneracional dentro de los estudios de memoria latinoamericanos han enfocado casi exclusivamente las memorias de hijos de víctimas de la violencia estatal. Sin embargo, desde mediados de 2017, en un contexto global en que la derecha política ha ganado fuerza en muchas partes de las Américas y del mundo, están emergiendo nuevas voces que están revelando otras visiones (complejas) de las dictaduras cívico-militares del Cono Sur: en particular, las voces de familiares de colaboradores y perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Este artículo estudia dos intervenciones cinematográficas chilenas recientes de la autoría de personas cuyos parientes —un padre y una tía, respectivamente— participaron de los organismos represores del estado chileno durante el período 1973 a 1990. En estos documentales —El color del camaleón (2017), de Andrés Lübbert, y El pacto de Adriana (2017), de Lissette Orozco— los descendientes de colaboradores civiles confrontan los pasados oscuros de las figuras que los engendraron y/o los criaron. Se trata de jóvenes que se ven atrapados entre la lealtad a la familia y la responsabilidad pública de contar la verdad. Si bien ambas películas ofrecen una visión de cómo los colaboradores y los perpetradores se construyen discursivamente, ambos documentales también reflexionan sobre los dilemas políticos, éticos y humanos que experimentan los herederos de figuras represoras. Empleando el concepto de “sujeto implicado”, acuñado por Michael Rothberg, el artículo pone en relieve la diversidad de respuestas posibles que este puede adoptar frente al secreto familiar.