La determinación del contenido y alcance del ius puniendi es tarea del legislador (principio de legalidad) porque la gravedad de la materia debe corresponderse con las mayores garantías posibles de seguridad. En la configuración actual del poder estatal, estas garantías las ofrece el Congreso, tanto desde el punto de vista del proceso como del resultado (ley). En este artículo examinamos un caso que rompe esta distribución de competencias. Se trata de una sentencia judicial que modifica el estatuto legal de la responsabilidad penal en el tiempo. La Corte Suprema de Chile, en el fallo Molco, introduce en el ordenamiento jurídico una regla especial de imprescriptibilidad, que representa una excepción a la regla general establecida por el artículo 94 del Código Penal. En otras palabras, estamos frente a la creación judicial de una regla legal. Esta investigación destina la primera sección a mostrar que las definiciones acerca de prescripción/imprescriptibilidad pertenecen al Congreso, asumiendo que el fenómeno denota la naturaleza eminentemente política de la materia. Por su parte, la segunda sección está destina a mostrar cómo el fallo Molco introduce una regla nueva respecto de responsabilidad penal en el tiempo. La conclusión es que la Corte Suprema se ha arrogado una competencia propia del poder legislador.