La institucionalización de la evaluación de políticas en España muestra los límites y las contradicciones de la implantación de esta práctica en el ciclo de gestión de las políticas públicas. Las expectativas tecnocráticas que inspiraron en 2005 la creación de la agencia española estatal de evaluación contrastan marcadamente con las dificultades políticas, burocráticas y técnicas implicadas en la implantación material de esta actividad.El análisis del caso español pone de manifiesto cómo el campo de la evaluación se encuentra atravesado por diferentes ejes de tensión: tensiones estructurales entre actores políticos y niveles de gobierno, tensiones metodológicas relativas a los enfoques de evaluación disponibles y, en un nivel más abstracto, tensiones entre las racionalidades implicadas en el despliegue de la función evaluativa. De la resolución de estas tensiones depende el sentido político de la evaluación como mera técnica de gestión pública o como práctica orientada a perfeccionar la democracia.