Las bases institucionales y fundamentales aprobadas por el Congreso para regular el nuevo proceso constituyente incluyen una cláusula de bien común, también introducida en el anteproyecto aprobado por la Comisión Experta. Con base en el método histórico y comparado y siguiendo el derecho interamericano, la cláusula del bien común debe interpretarse para sostener dos conclusiones: (i) los mandatos transformadores del Estado social deben interpretarse considerando la capacidad estatal y el principio de progresividad, y (ii) el Estado social debe interpretarse desde la centralidad de la dignidad humana. Esas conclusiones podrían evitar algunos excesos presentes en el nuevo constitucionalismo latinoamericano.