La Constitución de 1991 estableció que Colombia se organizaba en forma de República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Esto estaba en línea con las olas de democratización y las recomendaciones de la literatura sobre federalismo fiscal. Diez años después de promulgada la constitución, en un momento de profunda crisis económica y fiscal, hubo una reforma sustancial al esquema de transferencias que debía hacer el gobierno central a los gobiernos subnacionales, que le permitió al primero recuperar buena parte de los recursos fiscales que habían sido destinados a los gobiernos territoriales. Se argumenta aquí que, de la misma forma que las constituciones en América Latina se mueven al vaivén de las coaliciones partidarias, la constitución colombiana se cambió al vaivén de la economía. Esto le permitió al gobierno central retomar los recursos que había cedido por las reformas constitucionales sin necesariamente resolver definitivamente el déficit fiscal.