Señor Editor, la medición de la concreción del perfil de egreso en educación superior representa uno de los pilares fundamentales en la acreditación institucional y de carreras a nivel país, y, ha sido, a la vez, un desafío significativo para las instituciones de educación superior. En la década de los 60’s surge el concepto de competencia, y, a partir del Proyecto Bolonia (2001) en el marco de la Comunidad Europea, en este continente 175 universidades las integraron a su plan de estudio. En América Latina inició en 2004 a partir del Proyecto Alfa Tuning, en al menos unas 190 universidades que se han acogido al enfoque por competencias como criterio formativo (Laurito y Benatuil, 2019). En Chile, la ley de Educación Superior (Ley N° 21.091), promulgada en 2018 (Biblioteca Nacional, 2018), enfatiza en la calidad y pertinencia de los programas académicos, y, si bien esta ley no indica un régimen obligatorio por competencias, sí promueve la necesidad de generar currículos alineados con los requerimientos del mundo laboral, formando a futuros profesiones desde una visión integral. A partir de lo anterior, gran parte de las instituciones de educación superior en Chile, trabajan con un modelo formativo por competencias u orientado por competencias. El empleo del modelo implica, no solo la adquisición de conocimientos teóricos, sino también el aprendizaje y desarrollo de competencias y habilidades prácticas por parte de los estudiantes durante su formación académica, incorporando demandas de la evolución del mercado (Araya-Ramírez, 2012).