El artículo se propone abordar al derecho de acceso a la información pública en lo que particularmente refiere a los contratos públicos y a sus muchas veces alegada cláusula de confidencialidad. Para ello, parte de los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en relación con este derecho, lo vincula con la normativa interna uruguaya y se centra en sus límites. Se examinan las principales herramientas que se emplean para el control de las restricciones a este derecho, como el principio de proporcionalidad y el test del daño. Se postula que no basta con la inclusión de una cláusula de confidencialidad para exceptuar a ciertos datos del acceso público, sino que es necesario la realización de un examen más profundo y en el que tomen en cuenta estos postulados. Toma como ejemplo los casos de la adquisición de vacunas para el COVID-19, y aplica las citadas herramientas para su control y resolución que van más allá de este caso y del Estado uruguayo.