La acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional que tiene como objeto la protección de derechos constitucionales y debido proceso vulnerados en decisiones judiciales. Pese a tal finalidad, la actual Corte Constitucional del Ecuador niega varias de estas acciones alegando incumplimiento del criterio de relevancia constitucional, causal de inadmisibilidad establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se concluye que la causal de relevancia constitucional no se ajusta al objeto de la acción extraordinaria de protección previsto en la Constitución y que su inadmisión bajo dicho criterio violenta el derecho de acceso a la justicia.