Entre mediados de los siglos XV y XVI (1440-1568) se desarrolló un largo proceso político y judicial en el Consejo Real de Castilla y la Real Chancillería de Granada acerca de la expropiación a Toledo, en 1441, de un amplio territorio por Juan II como represalia por su actitud insurrecta. La legitimidad del castigo del rey, quien entregaría el espacio confiscado a los Sotomayor, posteriormente condes de Belalcázar, provocó un debate que terminaría afectando a cuestiones espinosas como la legitimidad de las sanciones de los reyes, los límites en el ejercicio de su «poderío real absoluto» y la adecuada asunción del concepto «comunidad». En este trabajo se analizan los argumentos que fueron esgrimidos por las partes involucradas en la disputa, y cómo abogaron por una memoria muy concreta de las rebeliones colectivas, a fin de imponer una verdad judicial.