For several decades, some of the Constitutional Court’s case law has developed an extraordinarily rigid conception of the right to property, which radically protects the statu quo, to the detriment of other rights and the promotion of the public interest. This phenomenon cannot be attributed exclusively to the terms in which the right to property is formally enshrined in the Constitution, but is the result of the interpretative practices of the courts and other legal operators. In this paper, we identify these sources of rigidity and account for the unfavourable effects it entails, in terms of the sustainability of the institutions that structure the political community.Desde hace varias décadas alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado una concepción extraordinariamente rígida del derecho de propiedad, que protege en forma radical el statu quo, en desmedro de otros derechos y de la promoción del interés público. Este fenómeno no se puede atribuir exclusivamente a los términos en que formalmente se consagra el derecho de propiedad en la Constitución, sino que es el resultado de las prácticas interpretativas de los tribunales y de otros operadores jurídicos. En este trabajo identificamos estas fuentes de rigidez y damos cuenta de los efectos desfavorables que conlleva, en términos de la sustentabilidad de las instituciones que estructuran a la comunidad política.