This paper examines corruption in contracts between the State and private entities, especially in Public-Private Partnerships, and its impact on the validity of such contracts. It questions whether contracts tainted by corruption of public officials, benefiting a few to the detriment of society, can legally survive. It is investigated whether corruption can cause the nullity of these contracts and how this nullity can be achieved. It highlights the growing trend in international arbitration practice to use “red flags” or red flags as an indication of corruption, avoiding conclusive evidence. The focus is to evaluate whether this methodology is effective to declare contracts affected by corruption null and void. The paper is structured in three parts: first, it analyses the Peruvian legislation that considers corruption as a reason for contractual nullity; then, it delves into corruption as a cause of contractual nullity; and finally, it explores the use of “red flags” as a tool to declare nullity due to corruption in contracts. Emphasizing that, within the framework of the rule of law, the presumption of innocence should supersede baseless and speculative allegations against suppliers and contractors.Este trabajo examina la corrupción en contratos entre el Estado y entidades privadas, especialmente en las asociaciones público-privadas, y su impacto en la validez de dichos contratos. Se cuestiona si los contratos manchados por corrupción de malos funcionarios públicos, beneficiando a unos pocos en perjuicio de la sociedad, pueden subsistir legalmente. Se investiga si la corrupción puede causar la nulidad de estos contratos y cómo se puede lograr esta nulidad. Se destaca la creciente tendencia en la práctica arbitral internacional de utilizar red flags o señales de alerta como indicio de corrupción, evitando pruebas concluyentes. El enfoque principal es evaluar si esta metodología es efectiva para declarar nulos contratos afectados por la corrupción. El trabajo se estructura en tres partes: primero, se analiza la legislación peruana que considera la corrupción como motivo de nulidad contractual; luego se profundiza en la corrupción como causa de nulidad contractual; y finalmente, se explora el uso de red flags como herramienta para declarar la nulidad por corrupción en contratos, haciendo énfasis en que en un Estado de derecho, la presunción de inocencia debe prevalecer sobre acusaciones infundadas y especulativas contra proveedores y contratistas.