Estamos siendo testigos de cómo el mundo se encuentra convulsionado por hechos de sangre que tiñen los distintos continentes, en especial Europa, el Medio Oriente, África y América, producto de la acción de elementos que usando el terrorismo buscan crear el desorden y sembrar la desconfianza e incertidumbre en la población de países de primer orden, y otros en que la lucha armada tiene convulsionado a naciones que no pueden superar sus problemas internos. El debate internacional, así como en la política interna de muchos Estados, se centra en la forma de poder enfrentar estas amenazas y, de paso, hasta dónde pueden estos enfrentar este flagelo, evitando usar a las fuerzas armadas en estas situaciones. Surge, entonces, la duda sobre si los Estados tienen todas las herramientas necesarias para enfrentar estos hechos de acuerdo a sus marcos legales y regulatorios propios de un estado de derecho, donde las diferentes instituciones tienen claramente señalados sus misiones y campos de acción, o es necesario estudiar posibles cambios o creación de nuevas instituciones que permitan llenar los vacíos legales y estructurales para lograr las capacidades para prever y enfrentar con éxito estas amenazas, cuya mayor fortaleza es el uso de la sorpresa para lograr el efecto buscado. En este contexto, existen naciones que ya han decidido emplear a sus fuerzas armadas en la prevención y combate en el ámbito interno para enfrentar acciones terroristas que, últimamente, han costado un gran número de víctimas fatales.