This article analyzes the military jurisdiction in Chile in light of the recent Putre Conscripts case and the Supreme Court ruling 17281-24. Through an analysis of the control of conventionality, it examines how the Chilean Supreme Court delimits military competence against ordinary justice, reaffirming its exceptional and restrictive nature. The paper addresses the international obligations of the Chilean State derived from the rulings of the Inter-American Court of Human Rights in the Palamara Iribarne and Almonacid Arellano cases, which require the adaptation of domestic law to due process standards. Finally, the roles of the Supreme Court, the Constitutional Court, and the Legislative Power are evaluated in resolving this normative deficit, and highlighting the pending challenges to restrict military jurisdiction exclusively to functional offenses committed by active-duty military personnel, thus ensuring the effective protection of human rights.Este artículo analiza el alcance de la jurisdicción militar en Chile a la luz del reciente caso Conscriptos de Putre y la sentencia rol 17281-24 de la Corte Suprema. A través de un análisis del control de convencionalidad, se examina cómo el máximo tribunal chileno delimita la competencia castrense frente a la justicia ordinaria, lo que reafirma su carácter excepcional y restrictivo. El trabajo aborda las obligaciones internacionales del Estado de Chile derivadas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Palamara Iribarne y Almonacid Arellano, las cuales exigen la adecuación del derecho interno a los estándares del debido proceso. Finalmente, se evalúa el rol de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Poder Legislativo en la resolución de este déficit normativo y se destacan los desafíos pendientes para restringir la jurisdicción militar exclusivamente a delitos de función cometidos por militares en servicio activo, garantizando así la protección efectiva de los derechos humanos.