En este trabajo pretendemos evidenciar la incongruencia entre la reciente Ley N° 20.584 con la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Dichas personas, en determinado estadio de su enfermedad, no podrán participar de investigaciones en su calidad de discapacitados. Estimamos que esta imposibilidad no se condice con el artículo 25 de la Convención, que exige a los Estados prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidas las que ocurren en personas mayores. La problemática que se genera no solo posee una perspectiva legal, sino que también produce un conflicto ético que afecta al Estado, a los profesionales médicos, a los pacientes y sus familiares. Por ello, proponemos una interpretación armónica y sistemática del artículo 28 de la Ley N° 20.548 con la Convención, incorporando elementos éticos muy necesarios para esta interpretación.