El derecho a la alimentación, como un derecho inherente a la condición humana, requiere trascender su reconocimiento en el plano legal/formal de los derechos hacia la materialización efectiva de los mismos, mediante la conjugación de acciones gubernamentales, institucionales y comunitarias. Este artículose propone evidenciar que una implementación eficiente de la política pública en Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN, debe asumir la perspectiva de la titularidad del derecho a la alimentación en sus acciones, estrategia central para abordar integralmente la inseguridad alimentaria, no solo desde la carencia o la expresión de condiciones de pobreza, como generalmente se ha hecho. Tal planteamiento es resultado de las reflexiones generadas en el marco del proyecto Fortalecimiento del capital social y humano para la SAN, en Caldas (Colombia), desarrollado como parte de la puesta en marcha de la política pública en SAN con grupos familiares y comunitarios en seis municipios del departamento.