En el contexto que se presenta se intenta justificar la hipótesis de que la importante crisis que se percibe en la relación del Estado chileno y los Pueblos Indígenas que habitan en su territorio se produce por razón de la perspectiva que utilizamos para regular y explicar fenómenos de una realidad social y cultural distinta, que es absolutamente ajena a ella; y que por lo mismo, resulta ilógico pensar que pueda resultar efectiva. En este sentido, la legislación indígena actual, adolece del defecto de que han adolecido todas las anteriores: se han dictado una serie de normas que, bajo la excusa de resolver la "fantasmagórica cuestión indígena" han pretendido en cambio resolver un problema nuestro, como lo es la esclasez de bienes de producción: mas no, el tema de cómo nos relacionamos con quienes son distintos. Así, pese a las buenas intenciones que dieron luz y sentido a la Ley N° 19.253 (Ley Indígena), esta no viene a ser sino una reiteración de nuestro sistema legal sobre la distribución de los recursos escasos, mediante la aplicación del concepto de los derechos reales sobre una cosa comerciable, según es definida la tierra entre nosotros.