A través del análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Aspitz Barbera y otros vs. Venezuela y la posterior decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo muestra algunas de las tensiones que se detectan al tiempo de implementar a nivel nacional las decisiones de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos.