A dos décadas desde que América Latina se embarcara en procesos de transición democrática el balance es decididamente mixto. Por una parte, debe celebrarse el que el régimen democrático se considere como el único mecanismo legítimo de gobierno, así como la sensible reducción en los niveles de pobreza e indigencia de la región. Por otra, preocupa la persistencia en no pocos países de la región de prácticas autoritarias (como la ejecución extrajudicial de individuos por parte de organismos policiales) y la porfiada persistencia de niveles intolerables de inequidad y exclusión. Estos últimos flagelos han suscitado diversas reacciones, como la tentación populista (de derecha o de izquierda) y la salida ‘neoconstitucional' (que pone toda su esperanza en el rol emancipador de la justicia constitucional). En este ensayo, se analizan las limitaciones de estas dos respuestas a la crisis de la democracia latinoamericana, concluyéndose que la profundización de la misma pasa por el gradual y laborioso camino de insistir en institucionalizar prácticas como los controles recíprocos entre los poderes del Estado, la movilización de la sociedad civil y la independencia de la judicatura.