El derecho de acceso a la justicia, derecho humano y principio básico del Estado de Derecho, es esencial para garantizar un desarrollo sostenible y sociedades más justas y pacíficas. Para asegurar su efectividad, los Estados deben implementar medidas para salvaguardar, entre otros, derechos, garantías y protección judicial. Razón por la que creemos, debemos referirnos a la Agenda de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el objetivo 16: Acceso a la justicia, para hacer una crítica respecto de la creación de estrategias y acciones en un tema que se ha omitido por el legislador mexicano, la indemnización por error judicial. Ya que el marco legal y de interpretación no contribuye a exigirle al Estado una responsabilidad directa y objetiva por los daños causados a una persona que ha sido privada de su libertad injustamente.