El artículo analiza la sentencia de la Corte Suprema de 8 de julio de 2010 que puso término al “Caso Prats”. En el contexto de la jurisprudencia en materia de violaciones a los derechos humanos, el autor destaca algunos avances significativos, como la aplicación de la figura penal de la “asociación ilícita”a los miembros de la DINA que participaron en los asesinatos, y critica otros, como el reconocimiento de la “media prescripción” para graduar la penalidad de delitos considerados imprescriptibles. Aunque se cuestiona el empleo de la media prescripción respecto de crímenes contra la humanidad, se reconoce que la Corte hizo una aplicación diferenciada de la misma, valiéndose para ello de la potestad discrecional del juez para atenuar las penas correspondientes.