El Estado Chileno, en las últimas décadas, ha orientado su acción en el área social de las políticas públicas hacia la generación de un Sistema de Protección social que, en términos declarativos, apunta a generar condiciones para el disfrute y ejercicio de los derechos de las personas, concebidas como titulares de un conjunto de prerrogativas y facultades que el Estado debe respetar, proteger y promover.Dicho sistema pareciera ser ampliamente incluyente tanto respecto de la población que abarca, como de los derechos y recursos que provee. No obstante, al observar algunas de las iniciativas que comprende, se aprecia que éstas darían cuenta de una opción por los sectores más pobres de la población, debiendo los otros grupos sociales satisfacer sus necesidades, cada vez más, a través del mercado privado de recursos y servicios. Además de los problemas de cohesión social que esta situación genera, el análisis documental de programas sociales orientados a grupos que viven en situaciones de extrema pobreza, permite interrogarse respecto de la capacidad que poseen los programas de transferencia de renta -en tanto componente fundamental del actual sistema de protección social chileno-, para abordar la superación de la pobreza extrema en el país. Para ello, en este artículo, se adopta la perspectiva de los Derechos Humanos en el análisis de los programas de transferencia de renta, examinando el cumplimiento de ciertos criterios que, desde este enfoque, permitan establecer la existencia concreta de una propuesta normativa y operativamente fundada para la promoción, protección y garantía de los derechos civiles, políticos, económico-sociales y culturales (DESC).