El presente es un estudio sobre implementación de dos políticas públicas nacionales anticorrupción: la de Ecuador y la del Perú. La ausencia de un marco teórico uniforme, en materia de implementación, obliga a trabajar analizando propuestas, explicaciones y modelos válidos, por aproximación y según la experiencia a contrastarse. En materias vinculadas al estudio de la corrupción, las diferencias de temporalidad y de realidad de los países parece sugerir la incompatibilidad de experiencias. Para sortear estas dificultades, el presente artículo analiza cómo la implementación ha sido incorporada como un asunto estudiado por la disciplina de las políticas públicas Posteriormente, a manera de conclusión, se presenta una reflexión sobre cómo una implementación defectuosa impacta de forma negativa en la relación entre el gobierno y el gobernado, delineando algunas sugerencias de acción para componer esto.