Desde 1925 en adelante la presión del Estado sobre la propiedad de los particulares no había dejado de crecer. Los derechos del propietario para disponer de sus bienes se habían ido viendo cada vez más reducidos. La libertad de que, en principio, habían gozado los propietarios como una cualidad esencial de su dominio había llegado, muchas veces, casi a desaparecer. El concepto de propiedad, tras la creciente "socialización" que caracterizó al sistema político chileno desde 1925, había visto reducido su contenido a un mínimo y hasta ese mínimo podía ser objeto -y era objeto muchas veces- de radicales ataques que lo afectaban en su núcleo medula. Pero la noción de propiedad privada se mantenía, seguía siendo la regla general, aunque se insistiera en su control y regulación: en intervenirla.