El proceso codificador argentino, sin perjuicio de los intentos aislados llevados a cabo hasta 1852, adquiere vigor y sistema en la segunda mitad del siglo XIX. Es a lo largo de este período cuando, tanto en el orden nacional como en el provincial, según correspondiese de acuerdo con el régimen federal adoptado en la Constitución, se desarrollan los trabajos que conducen progresivamente a la sanción de los códigos nacionales de Comercio, Civil, Penal y de Minería, y de las leyes locales y generales de enjuiciamiento -llamadas luego códigos de procedimientos- en lo civil y mercantil, y en lo criminal, y a veces también en materia minera.