El impuesto específico a los combustibles se aplica actualmente en Chile fundamentalmente con un objetivo de recaudación de ingresos para financiar el gasto público. Un antecedente que avala esta conclusión es que la tasa del impuesto específico sobre las gasolinas cuadruplica exactamente la tasa del impuesto específico sobre el diesel. Cuando un estudio realizado para Chile dice que las tasas óptimas de ambos productos deberían ser ambas más altas y con una diferencia menor entre ellas. El propósito de este artículo es mostrar que un impuesto específico sobre los combustibles puede ser utilizado como un instrumento regulatorio de las deseconomías externas que se derivan del consumo de los combustibles. Estas deseconomías externas colocan costos que debemos soportar todos los ciudadanos, como por ejemplo, contaminación global (gases del efecto invernadero y del cambio climático), contaminación local (enfermedades a la vista, a las vías respiratorias, estrés, etc.), accidentes del tránsito (especialmente peatones y ciclistas), daño a la infraestructura (caminos y otras obras públicas), ruidos (afectan la salud) y congestión (el instrumento más apropiado para enfrentar este último daño es el peaje, pero son pocos los caminos del país que aplican este mecanismo, por lo tanto, el impuesto a los combustibles ofrece una alternativa para cobrar la congestión de ellos). El impuesto específico sobre los combustibles, utilizado como instrumento regulador, no crea distorsiones en el mercado de estos productos, más bien elimina las ineficiencias que se deben a las deseconomías externas producidas por el consumo de estos. La eliminación de esta pérdida de bienestar económico requiere que el impuesto tenga la capacidad de reducir el consumo de estos productos.