El 26 de Agosto de 1767 se hace efectivo en el Obispado de Concepción (Chile) el decreto que determina la expulsión de los dominios del rey de España de los regulares de la Compañía de Jesús, que se habían establecido allí en 1612. Una de las expresiones definitorias de su acción fueron las misiones entre pueblos indígenas que, como toda empresa, requirió de inversiones, las que serán financiadas en parte tanto por el sínodo otorgado por la corona como por los excedentes de las inversiones y prácticas económicas realizadas por la misma Compañía. Los inventarios ordenados levantar por la autoridad permiten determinar, con un interesante nivel de detalle, extensión y condición de la propiedad, tipo y condición de las instalaciones, tipos y niveles de producción, tipos y cantidades de herramientas y utensilios, tipo y condición de la mano de obra asociada y servicios prestados al momento de producirse el extrañamiento, lo que ayuda a estimar la real significación, para un caso particular como es la Procuraduría de Misiones; de la comentada “riqueza de los antiguos jesuitas”.