En el marco de la política indígena “Re-Conocer: pacto social por la multiculturalidad” (2008) que fijó la agenda que se mantiene hasta hoy entre el Estado y los pueblos indígenas, se realizó un intento poco documentado por crear un marco regulatorio para la inversión pública y privada en tierras indígenas. Esta experiencia fallida se denominó “Código de Conducta Responsable” y fue duramente resistida por el establishment. El resultado fue la renuncia de las principales autoridades en materia indígena y,en el largo plazo,la judicialización de los proyectos de inversión y la ausencia de una política pública que, solo años después, se intentaría subsanar en un contexto más complejo. El “Código de Conducta Responsable” intentó ser un instrumento normativo que regulara los proyectos de forma obligatoria para la inversión pública y voluntaria para la privada. Suponía un proceso de certificación de cumplimiento: para que una inversión pudiera certificarse, los titulares de los proyectos debían demostrar que contaban con un plan de manejo de los impactos económicos, sociales y culturales en las comunidades indígenas afectadas. Los proyectos que cumplieran con esos estándares serían certificados por un consejo autónomo.