El negocio de la gran minería privada ha logrado grandes utilidades durante el período 2005 – 2009. Este artículo se centra en desentrañar las causas que posibilitan tal situación, considerando que la utilidad por encima de la necesaria para generar una rentabilidad normal sobre la inversión minera constituye el valor o renta de ese recurso minero. A partir de la base que se requiere una nueva política de la renta del recurso minero que recupere el máximo posible del valor de tal recurso para el Estado, se hace referencia al marco jurídico elaborado por el gobierno militar que consagró la renuncia del Estado a cobrar la renta minera. Se analizan las consecuencias de la ley N° 20.026 (2005) y de la ley N° 20.469 (2010) que consideran impuestos específicos de la actividad minera. Se desarrolla un análisis pormenorizado de los abundantes recursos a los que el Estado ha renunciado con tal legislación que en definitiva establece un subsidio implícito a la gran minería privada. Se argumenta sobre la ausencia de justificación de la invariabilidad tributaria en el sector minero, en un contexto en el que los gestores de cuantiosas inversiones tienen acceso expedito y eficaz a las autoridades y líderes políticos y a los contenidos de los medios de comunicación.