La plena expresión de los derechos sociales y ciudadanía dependen no solo de la existencia de instituciones de gobierno de calidad sino también de la mejora de los procesos de representación y participación social. También para el sistema político los derechos constitucionales son un marco de referencia institucional cuyo desconocimiento genera (o debería generar) responsabilidades en la acción de las políticas públicas. En referencia al caso chileno, los gobiernos de la Concertación establecieron derechos garantizados, constituyendo el primer avance orientado a reformas sustantivas en el proceso de modernización del Estado y la explicitación de derechos sociales como derechos de prestaciones (derechos positivos). Se debe establecer garantías explicitas o derechos de prestaciones para lograr compatibilizar el enfoque de derechos en las políticas públicas. Lo anterior requiere una gestión de calidad, innovación, calidad del servicio y gestión por resultados por parte del Estado y sus servicios públicos.