Permanecen diversas disfuncionalidades en la administración del Estado chileno, con importantes consecuencias en la calidad de la democracia. Abordarlas no está en la agenda  prioritaria  del nuevo gobierno  inaugurado  en  marzo  de  2014, pero probablemente  los temas  de  la  lucha  contra la  corrupción,  la  influencia  del  dinero privado  en la política,  la  profesionalización  de  la  función  pública y  los  rediseños institucionales, que están presentes en el programa de Michelle Bachelet, seguirán constituyendo  asuntos  controvertidos  en Chile.  Este  artículo  discute  sobre  los problemas  en juego  y  propone,  desde  una  lógica  normativa,  un cierto  número  de acciones a llevar a cabo en estas materias.