Aun cuando el término inglés accountability es traducido, a veces, como “rendición de cuentas”, su significado es más profundo que el mero informar del buen uso que se ha dado a los dineros, por parte del cuentadante, que es lo que comúnmente se entiende por “rendir cuentas”. El término anglosajón tiene el sentido de dar cuenta sobre cómo se ha utilizado la autoridad conferida por un grupo social y, por consiguiente, se aplica a todas las personas que desempeñan cargos de elección o designación, sean autoridades de gobierno, municipales, gremiales, vecinales, miembros del directorio de una sociedad anónima o similares.Por otra parte, Chile aparece, a nivel internacional, como un país estancado en cuanto a corrupción, situación que se prolonga por los últimos seis años, según el Índice de Transparencia Internacional. Según dicho informe, nuestro país obtuvo 7,3 puntos, en la escala de 1 a 10 (igual a la calificación obtenida en 2005), avanzando, no obstante, un lugar en el ranking de 163 países; es así como pasó del lugar 21 al 20, debido a una caída de Estados Unidos en la estadística global. A juicio del presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional, señor Davor Harasic, este estancamiento refleja un retroceso y afirma que “no podemos conformarnos con mantener nuestro nivel de corrupción, sino que debemos esforzarnos para mejorar nuestros niveles de transparencia”.A partir de esta realidad, y considerando que en el sector privado los ejecutivos de las empresas presentan informes financieros e informes a los accionistas, donde se da cuenta de la gestión realizada, en el presente trabajo se propone un informe de gestión anual, que sería obligatorio para todos los ejecutivos superiores de la administración del estado, ya sean directores de servicios, vicepresidentes ejecutivos, directores generales, ministros, alcaldes, rectores, etc.; se proponen contenidos obligatorios, para que así los directivos se refieran forzosamente a los aspectos claves de la gestión. El contenido de dicho informe debería ser auditado y puesto a disposición del público en un plazo prudente, una vez terminado el año calendario.La existencia de un informe como el que se propone permitiría que los directivos superiores de la administración del estado den cuenta circunstanciada de lo que han hecho con la autoridad con que se les ha investido y con los recursos que se les ha confiado. El supuesto básico es que estas autoridades deben trabajar por el bien común; el informe propuesto les permitiría demostrar que así ha sido. Ello representaría un gran paso en el ámbito de la accountability y, paralelamente, contribuiría a mejorar la transparencia, al poner a disposición de la ciudadanía una cuenta sobre los resultados de la gestión.