El presente artículo trata de analizar uno de los temas más trascendentes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, la relativa al artículo 97, por medio de la cual se retira la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecida en el segundo párrafo, para transferírsela a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el artículo 102 constitucional y además responder a la interrogante ¿fue acertada o no la trasferencia de dicha función estatal?