El artículo trata sobre la sentencia de la Corte Suprema a la acción de protección interpuesta por la presidenta del sindicato de trabajadoras de casa particular y de un diputado de la República en contra de un Club privado, cuyo reglamento impedía el acceso a dichas trabajadoras a ciertos espacios y exigía ciertos signos en su vestimenta para poder identificarlas y controlar la eficacia de su reglamento. En la sentencia considera que los denunciantes carecen de legitimidad activa y que no hay actos discriminatorios acreditados en el proceso. De ser la primera aserción correcta, se pone a la vista la consecuente falta de una acción adecuada para proteger el derecho a no ser discriminado por parte de estas trabajadoras. Más relevante todavía, devela una cuestionable concepción del derecho a no ser discriminado, provenientes del Tribunal que configuró recientemente las actuaciones calificadas de discriminatorias - en contra de una funcionaria del poder judicial - por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.