Los cambios sufridos tanto en el territorio como en el paisaje después del maremoto del 27 de febrero de 2010 han sido profundos: algunos núcleos urbanos fueron prácticamente borrados por la fuerza hidrodinámica del agua, otros subsistieron por diferentes accidentes geográficos o factores constructivos. Abandonar los terrenos de la costa chilena bajo riesgo de tsunami ha sido también impensable, ya que muchas ciudades del país se encuentran construidas en el litoral y su desarrollo socioeconómico se encuentra articulado en su contexto marino. No obstante, pasaron 50 años desde que el terremoto y maremoto de Valdivia en 1960 —el más grande del cual se tiene registro, con 9,5 grados en escala de Richter— para que se pudiese al menos regular el uso del suelo en función del riesgo. Aun cuando las políticas públicas han resultado poco efectivas ante uno de los eventos naturales más destructivos del planeta, resulta fundamental asegurar el capital humano, construir barreras de mitigación, establecer comunidades resilientes, implementar planes de educación y evacuación, y proponer plataformas de desarrollo futuro. Todo ello en su conjunto, constituye algunas de las principales premisas que asegurarán la calidad de vida en un amplio sector de nuestro país. Este enfoque, sin duda alguna, cambiará la forma de habitar el borde costero y generará nuevas percepciones y propuestas, en las cuales una sociedad viviendo aún en luto posdesastre, se integrará notablemente pasando desde el proceso de reconstrucción a una recuperación integral, y en donde el capital social seguirá siendo el principal protagonista.