Entendemos el derecho a la ciudad como el ejercicio urbano de dos valores democráticos que se refuerzan mutuamente: la equidad de oportunidades y la libertad política. El primero es necesario para que cada quien pueda concebir y realizar su proyecto de vida dentro de una comunidad. El segundo permite incidir en la generación de las condiciones necesarias para la cooperación de los ciudadanos en calidad de iguales, para lo que se requieren mecanismos efectivos de participación ciudadana. Este ideal contrasta en Chile con la centralización política y económica del diseño de políticas de alto impacto en la ciudad y en el bienestar de sus habitantes. El análisis de la adaptación de un instrumento de contractualización público privada a tres contextos diferentes —autopistas interurbanas, urbanas y transporte público— muestra cómo opera la dependencia del sector público hacia sus contrapartes privadas, en beneficio de la rentabilidad de sus inversiones. Esto ha redundado en perjuicios al bienestar de la ciudadanía, en una crítica civil progresiva a esta modalidad de gobernanza y en una oposición popular creciente a la ejecución de proyectos con impacto local. En este contexto, la implementación de mecanismos de participación ciudadana temprana y vinculante es imprescindible para reconocer e integrar a la ciudadanía como un actor colaborativo en los procesos de diseño de políticas públicas. En definitiva, la generación de capacidades de regulación democrática local de proyectos urbanos es un requisito necesario para el ejercicio efectivo del derecho a la ciudad.