Las doctrinmas de la protección a la apariencia y de los actos propios pueden analizarse desde la perspectiva de sus similitudes y diferencias, constatando entre ellos un fundamento y límite común: la buena fe. Ambas se fundan en la existencia de un estado de tensión entre dos actos o hechos que pueden perjudicar a una de las parets de una relación jurídica o a terceros. No existe un reconocimiento legal general de estas doctrinas en nuestro ordenamiento jurídico; no obstante, numerosas reglas de la legislación de derecho privado se han entendido como manifestaciones de ellas. La buena fe que actúa como fundamento es la buena fe objetiva, materializada en hechos o conductas, mientras que el límite a su aplicación está dado por la buena fe subjetiva, la cual sólo adquiere relevancia en la medida que se considera como un estándar normativo. La utilización de estas doctrinas constituye un recurso excepcional del derecho que debe aplicarse en forma razonable, a fin de proteger la confianza legítima de la parte o de un tercero, la cual debe primar por sobre la verdadera voluntad de una persona o la realidad.