La paradoja del referente nacional en materia de protección constitucional de las garantías procesales fundamentales (el Common Law y su due process of law), no ha hundido sus raíces sólo en aspectos que podrían denominarse teóricos, sino que ha aparejado consecuencias prácticas en la efectiva protección que reciben los derechos procesales básicos por parte de la judicatura. En efecto, la ausencia de un catálogo constitucional de estos derechos y garantías (al estilo de los países de Europa continental) revalora la importancia de la Convención Americana como integrante de nuestro ordenamiento jurídico a través del bloque de constitucionalidad, y obliga a poner seria atención en lo allí dispuesto, como asimismo en la jurisprudencia que bajo su alero se ha ido desarrollando. De ello precisamente trata este trabajo, apoyándonos muy principalmente en dos fallos: Casos Barrios Altos y Castillo Petruzzi.