La Corte Suprema chilena cuenta desde 1995 con salas especializadas para conocer determinadas materias. Uno de los principales objetivos de la reforma que creó esas salas consistió en asegurar una aplicación más cierta y uniforme de la ley. El presente estudio, que se concentra en la jurisprudencia producida por la Sala penal, se propone analizar en qué medida ese objetivo se alcanzó durante el período 1995-2002. Para ello emplea el marco conceptual definido por importantes estudios norteamericanos sobre el grado de seguimiento de precedentes de la Corte Suprema, entendiendo que la uniformación de la jurisprudencia es función precisamente del nivel de seguimiento de precedentes. De acuerdo con esos estudios, el grado de seguimiento de los precedentes de la Corte Suprema puede analizarse a lo menos en dos niveles: primero, dentro de la propia Corte Suprema, donde una actituáprecedencial de los jueces es función principalmente de una baja saliencia de la materia resuelta, lo que depende a su vez de circunstancias históricas específicas (Spaeth y Segal); y, segundo, en dirección "vertical", es decir, a nivel de los tribunales inferiores, donde un comportamiento congruente de estos últimos con la jurisprudencia de la Corte Suprema es función de determinados medios institucionales, bajo el modelo de la relación "mandante-agente" (Songer, Segal y Cameron). El presente estudio examina precisamente el grado de seguimiento de precedentes alcanzado por la Sala penal de la Corte Suprema y por las cortes de apelaciones, en relación con cinco precedentes de la primera. Un extenso análisis de sentencias y la conducción de entrevistas a ministros de la Corte Suprema, cortes de apelaciones y abogados penalistas, dan cuenta de los ambivalentes -cuando no pobres- resultados alcanzados por aquella reforma en materia de uniformación de la jurisprudencia de la Sala penal, tanto al interior de esta Sala como a nivel de las cortes de apelaciones