Aun cuando nadie duda que el principio de ultima ratio constituye un límite esencial al poder punitivo del Estado, las dificultades se presentan cuando deben fijarse criterios que brinden un contenido material, sobre todo considerando el basamento político que subyace en este principio, por cuanto la decisión de intervenir penalmente es del legislador. Precisamente, una de las particularidades del Derecho penal moderno es su carácter de prima ratio, por lo que resulta urgente buscar argumentos para precisar cuándo es necesario el Derecho penal, en términos de eficiencia y racionalidad. El artículo pretende brindar una respuesta a esta búsqueda, examinando algunos principios que legitiman la intervención punitiva y cuáles sonlas nuevas orientaciones de orden político criminal. En este sentido, se valora el papel que puede desempeñar el Tribunal Constitucional, como asimismo la propuesta metodológica que constituye el Análisis Económico del Derecho, como instrumento de medición de eficiencia.