La definición del momento en que los interesados pueden dar inicio a un procedimiento concursal es un asunto de la mayor trascendencia para su éxito como mecanismo de solución al dilema de la insolvencia. El legislador, tomando en cuenta los diversos intereses involucrados, no sólo debe precisar el o los hechos que desencadenan tal apertura, sino configurar una serie de incentivos (positivos y negativos) para ajustar la decisión del deudor y de los acreedores, a fin de que el concurso no sea abierto cuando ya no existan bienes suficientes para el reparto, como para que tampoco sea utilizado como una herramienta de amenaza y cobro cuando aún no es evidente su utilidad. El presente trabajo pretende dar algunas ideas sobre las razones de este "problema temporal", su magnitud e implicancias, y los medios que se han tenido a la vista para resolverlo en nuestro ordenamiento y en el Derecho comparado.