El presente trabajo tiene por objetivo analizar la responsabilidad del Estado por errores judiciales, consagrada en el artículo 19 N° 7 letra i) de la Constitución, y solucionar los problemas para su corrección o realización, ya que ésta no ha cumplido con su objeto, es decir, reparar los daños a las personas afectadas. Lo anterior, dada la restrictiva interpretación de la norma por parte de la Corte Suprema. Fruto de ello es que se plantea como norma eficaz para obtener la reparación en un proceso penal, la norma consagrada en el artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que establece un régimen de responsabilidad estatal por las actuaciones erróneas o arbitrarias del Ministerio Público. El trabajo analizará los distintos tipos de responsabilidad existentes, funciones y principios a los que debe ceñirse el órgano persecutor en su actuar, junto con un análisis de ambas normas en cuestión, apoyado en la jurisprudencia de la Corte Suprema en este asunto.