El artículo busca compatibilizar el reconocimiento de la culpabilidad como fundamento de la punición con la consecución de finalidades mediante la ejecución de la sanción penal. Así, en primer término se exponen objeciones a los intentos de armonización llevados a cabo por teorías eclécticas, para luego defender una concepción retribucionista de la pena, cuya compatibilización con la consecución de finalidades de restablecimiento normativo, se deja explicar adecuadamente en la medida que la práctica punitiva se comprenda como una institución "regulativa", cuya particular finalidad exige su operación como si se tratara de una institución "institutiva". Por último, se aborda el problema relativo a la inexistencia de una efectiva comunidad de intereses como presupuesto fundamental en la legitimación de un reproche penal, indicando a dicho respecto que la distancia entre la teoría emancipadora de una institución y su efectiva operación práctica, debe ser comprendida como la marca de un déficit de nuestras prácticas políticas.