El estudio comienza con un análisis político-criminal de las nuevas tendencias de control espacial, tanto de personas peligrosas o pretendidamente peligrosas, como de lugares públicos de convivencia, y que se desarrollan con la finalidad de prevenir la delincuencia u otras conductas socialmente perturbadoras. Más adelante se centra en el empleo de sistemas de videovigilancia en lugares públicos: Se estudia la medida en que la legislación española que regula su implantación asegura que su uso se limite a la prevención de la delincuencia y de infracciones administrativas graves, y garantiza los derechos al libre acceso a lugares públicos, a la privacidad y a la intimidad de los ciudadanos. Finalmente se describen los primeros resultados de un estudio empírico pionero en España, desarrollado en la ciudad de Málaga, y que ha pretendido verificar la eficacia de la instalación de videocámaras en lugares públicos en la prevención de la delincuencia y en la creación de sentimientos de seguridad entre los ciudadanos.