La política criminal se concibe como una sección de la política pública destinada a la planificación, ejecución y control de lineamientos preventivos y represivos en la lucha de la criminalidad. Esta investigación de tipo documental-descriptiva reseña como en Venezuela, no se ha formulado una verdadera política criminal, por ello, las respuestas al fenómeno criminal han estado carentes de coherencia y han consistido en respuestas espasmódicas frente a determinados sucesos y la política antisecuestro no escapa a esta realidad. No existe una política ni estrategia clara y a largo plazo respecto del secuestro, no se conoce la magnitud del sistema de información nacional, la falta de coordinación entre los cuerpos de seguridad, la disputa entre los diversos organismos competentes, son algunos de las barreras con las cuales se enfrentan el Estado y a la vez constituye una ventaja para la delincuencia común y organizada. La superación de los obstáculos empieza por mostrar una verdadera voluntad política; generando acciones concretas, certeras, planificadas y pertinentes en torno a las políticas públicas gubernamentales en todas sus aristas, sin exclusiva referencia al sistema penal.