El propósito del artículo es aportar al conocimiento doctrinario y desarrollo jurisprudencial de nuestro país por medio de la presentación de información y elaboración de argumentos para resolver un problema específico que se ha debatido intensamente en la práctica de tribunales: la posibilidad de permitirle o no al acusado (su defensa) -en virtud al artículo 332 del Código Procesal Penal- utilizar las declaraciones prestadas por testigos y peritos en un juicio oral previo anulado en el contexto del desarrollo del nuevo juicio oral que se ha seguido como consecuencia de la anulación del primero. Sostendré que no existen buenas razones legales ni de principios o de valores que inspiran a nuestro sistema acusatorio que justifiquen la prohibición absoluta de utilizar estas declaraciones para efectos de confrontar a esos testigos o peritos con sus declaraciones previas inconsistentes. Para estos efectos, el artículo fijará un marco conceptual para debatir el problema (ubicarlo como una cuestión de derecho de confrontación y, especialmente, de derecho a contraexaminar) y luego se detendrá en la elaboración de argumentos en favor de su uso y en la revisión crítica de los argumentos que usualmente se invocan en su contra.