El origen de la actual configuración multicultural en Europa se encuentra fundamentalmente en el masivo fenómeno inmigratorio. Las diferencias culturales y los problemas de integración de las minorías generan una notable conflictividad social, que reclama en sus manifestaciones más graves el recurso al Derecho Penal. Se hace necesario fundamentar la intervención penal en un modelo político criminal adecuado a la configuración política y social europea. Los modelos comunitario y liberal son sustituidos por una Política Criminal que toma como punto de referencia la protección del derecho a no ser discriminado, derivado de la dignidad de la persona y extensivo a la protección de los grupos o colectivos. Esta orientación se concreta en la tipificación de diversos delitos discriminatorios, entre los cuales destaca como referente central el delito de provocación a la discriminación. El estudio de este delito en el derecho español es un ejemplo de la necesidad de adelantar el Derecho Penal a conductas que entrañan una peligrosidad manifiesta de generar violencia y acciones discriminatorias.