Este trabajo analiza las consecuencias normativas del voto de minoría que aduce la existencia de una duda razonable como argumento para absolver. El hilo conductor de la argumentación se construye a partir de dos textos académicos que afirman que el estándar de prueba para la condena en sede penal exige/debiera exigir que haya unanimidad de los jueces en cuanto a que los hechos se encuentran probados "más allá de toda duda razonable". Las debilidades en una de las premisas en que se sustenta dicha argumentación llevan a concluir que para la superación del estándar de prueba penal es suficiente el voto de la mayoría del tribunal que afirma la inexistencia de dudas razonables. Sin embargo, la consideración de que cada juez que participa en un tribunal colegiado ocupa una posición prima facie equivalente, desde el punto de vista epistémico, provee de buenas razones para el aumento de exigencias deliberativas y de justificación en las sentencias cada vez que un juez minoritario invoque una duda razonable.