En algunos países pertenecientes a la tradición del civil law, tales como España, Italia y Chile, sólo recientemente se ha regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como consecuencia, surgen ciertas obligaciones de autorregulación para las empresas, que se ven fuertemente incentivadas a implementar programas de prevención y detección de delitos para evitar incurrir en responsabilidad por los delitos cometidos por sus agentes. A la luz de este nuevo escenario legal, en una primera parte de este artículo, se analizarán los elementos que debe contener un programa de cumplimiento penal para ser considerado eficaz, de tal forma que su implementación efectiva en la organización permita a la empresa quedar exenta de responsabilidad. En segundo lugar, el análisis se centrará en la cuestión clave de cómo probar la eficacia de tales programas en el proceso penal, esto es, en determinar qué medios de prueba son idóneos a tal fin, quién tiene la carga de probar la vigencia y la eficacia de tales programas en la organización y quién debe sufrir las consecuencias de la falta o la insuficiencia de la prueba.