La lucha contra las organizaciones criminales constituye un eje central de la política criminal de los países de la región. Estas organizaciones han alcanzado una dimensión global y han escapado al control de las instituciones nacionales. Frente a este fenómeno, los Estados nacionales se encuentran en una situación de dificultad de desplegar una política criminal efectiva. Frente a ello, se ha planteado la necesidad de crear una Corte Penal Regional contra el Crimen Organizado Transnacional. En el presente trabajo nos abocaremos, fundamentalmente, a dar respuesta a la siguiente cuestión: ante la necesidad de una Corte Penal Regional de carácter permanente y jurisdicción complementaria, ¿qué alternativas normativas existen en torno a la tipificación de los delitos objeto de persecución y sanción por la Corte?