Grupos de expertos son convocados a menudo por los gobiernos colombianos para que presenten diagnósticos y propuestas referidas a los problemas de violencia y criminalidad. Este artículo analiza el trabajo de algunos de esos grupos o comisiones y el impacto de sus recomendaciones en el diseño de la política criminal o, más concretamente, de la legislación penal producida en la segunda mitad del siglo veinte. El texto contiene algunas reflexiones sobre las condiciones de integración de ese tipo de comisiones, y los efectos que ellas producen en el reconocimiento de "los expertos". Es importante anticipar que la guerra es un elemento de contexto común en los grupos de expertos, en las recomendaciones que formularon y las normas penales que se analizaron en este artículo. De ahí las alusiones a las relaciones entre guerra y derecho penal a lo largo del escrito.